Leíamos en el día de ayer, y en el de anteayer, y el anterior, también, que el Gobierno se estaba planteando modificar la Ley de Colegios Profesionales, al objeto de eximir del indispensable requisito de colegiación para quienes tengamos relación jurídica con algunas empresas de los servicios de salud, o lo que debería ser más correcto: con el Sistema Nacional de Salud.
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Si recordamos, en alguna ocasión hemos comentado que la doctrina jurídica había ido un poco más lejos del que le corresponde a la hora de analizar el concepto "PROTECCIÓN" de la salud previsto en el artículo 43 de la Constitución Española; y opinamos así -además de mantenerlo a día de hoy- porque la diferencia es clara respecto a lo dispuesto en el anterior artículo 41, ahora sí, referida a la seguridad social. Dos disposiciones constitucionales que, por cierto, no forman parte de los derechos y deberes fundamentales de la Carta Magna.
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El asunto es que "proteger" la salud no es sinónimo, ¡ni mucho menos!, sinónimo de prestar asistencia sanitaria cuando la salud se pierde. Proteger la salud significa prever, prevenir, promover, en definitiva: impedir que se produzca, precisamente, eso: la pérdida de salud. Esto sí es "función pública", que compete a las Administraciones públicas. Sin embargo, la asistencia sanitaria, cuando la salud se pierde, no está, en todos los casos garantizada. Ello depende de las condiciones socio-económicas del País, como, por ejemplo, en la situación actual, que todo el dinero va a parar a eso que llaman sistema financiero.
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EFECTIVAMENTE, HABRÍA QUE DAR PUNTAS, PERO CON HILO.
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Y este Gobierno, con algunos de sus socios, no lo saben, o no les interesa saberlo. Por ejemplo: se acaba de publicar ayer, como quien dice, la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, donde se atribuye al Gobierno la potestad para arbitrar algunas medidas, que no viene ahora al caso, pero CON LA PARTICIPACIÓN de las Organización Profesionales de Médicos y Enfermeros. ¿Qué Organizaciones?. ¡Pero no están pensando en cargárselas!. Eso, según parece, fue el otro día; hoy es distinto: ya no nos acordamos qué dijimos en ese tema concreto. Lo retornaremos cuando llegue el caso y, además, intereses, que no tienen por qué ser crematístico.
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EL TEMA ES QUE MÁS NOS PARECE CORTINA DE HUMO DE LAS PROPIAS ORGANIZACIONES QUE DEL GOBIERNO.
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Tienen más interés en que ello se produjera así -porque también les importa un bledo el asunto- las propias personas que ostentan cargos en esas instituciones que los mismísimos políticos. De verdad que están ustedes esperanzados en que el señor Zapatero, o la señora Pastor, les eche un cable en eso de la "colegiación voluntaria".
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AQUÍ HOY SE HACE UNA LEY Y MAÑANA SE IGNORA O SE DEROGA. ¡PAÍS!, como diría Forges.
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Si recordamos, en alguna ocasión hemos comentado que la doctrina jurídica había ido un poco más lejos del que le corresponde a la hora de analizar el concepto "PROTECCIÓN" de la salud previsto en el artículo 43 de la Constitución Española; y opinamos así -además de mantenerlo a día de hoy- porque la diferencia es clara respecto a lo dispuesto en el anterior artículo 41, ahora sí, referida a la seguridad social. Dos disposiciones constitucionales que, por cierto, no forman parte de los derechos y deberes fundamentales de la Carta Magna.
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El asunto es que "proteger" la salud no es sinónimo, ¡ni mucho menos!, sinónimo de prestar asistencia sanitaria cuando la salud se pierde. Proteger la salud significa prever, prevenir, promover, en definitiva: impedir que se produzca, precisamente, eso: la pérdida de salud. Esto sí es "función pública", que compete a las Administraciones públicas. Sin embargo, la asistencia sanitaria, cuando la salud se pierde, no está, en todos los casos garantizada. Ello depende de las condiciones socio-económicas del País, como, por ejemplo, en la situación actual, que todo el dinero va a parar a eso que llaman sistema financiero.
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EFECTIVAMENTE, HABRÍA QUE DAR PUNTAS, PERO CON HILO.
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Y este Gobierno, con algunos de sus socios, no lo saben, o no les interesa saberlo. Por ejemplo: se acaba de publicar ayer, como quien dice, la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, donde se atribuye al Gobierno la potestad para arbitrar algunas medidas, que no viene ahora al caso, pero CON LA PARTICIPACIÓN de las Organización Profesionales de Médicos y Enfermeros. ¿Qué Organizaciones?. ¡Pero no están pensando en cargárselas!. Eso, según parece, fue el otro día; hoy es distinto: ya no nos acordamos qué dijimos en ese tema concreto. Lo retornaremos cuando llegue el caso y, además, intereses, que no tienen por qué ser crematístico.
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EL TEMA ES QUE MÁS NOS PARECE CORTINA DE HUMO DE LAS PROPIAS ORGANIZACIONES QUE DEL GOBIERNO.
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Tienen más interés en que ello se produjera así -porque también les importa un bledo el asunto- las propias personas que ostentan cargos en esas instituciones que los mismísimos políticos. De verdad que están ustedes esperanzados en que el señor Zapatero, o la señora Pastor, les eche un cable en eso de la "colegiación voluntaria".
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AQUÍ HOY SE HACE UNA LEY Y MAÑANA SE IGNORA O SE DEROGA. ¡PAÍS!, como diría Forges.
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